jueves, 22 de diciembre de 2016

ENTRE EL DEBATE Y EL BULLYING


Socialmente diezmados
El decenio de las personas con discapacidad que concluye con el 2016, ha estado aderezado por una recurrente forma de represión contra la libertad de expresión y el derecho a la participación de las personas con discapacidad. Ejemplos de esta miseria lo constituyeron alusiones ignominiosas a la discapacidad de líderes y activistas como Javier Diez Canseco (con secuela de polio) o el juez Edwin Bejar (con discapacidad visual). Debido a que cada uno en su momento se afirmaron en posiciones directamente confrontacionales contra el estatus quo de discriminación y exclusión para cambiar prácticas y defender derechos.


El búmeran del ¡No me romperán la mano! 
La CDPD Convención ONU Sobre los derechos de las Personas con discapacidad, establece de manera puntual obligaciones para los Estados parte, respecto de la “no discriminación” (Art. 5°) y de la “toma de consciencia” (Art 8º), recogidas por el Perú en varios artículos de la LGPD N° 29973, a fin de garantizar un abordaje respetuoso tanto de la persona como de la discapacidad. Operadores legislativos con discapacidad, como Francisco Vásquez (ex Senador), Michael Urtecho, Gian Carlo Bacchelli, Jhon Reynaga, excongresistas, en contextos y por razones distintas cada uno, provocaron un despiste del debate que reemplazó lo objetivo, los cuestionamientos y los reclamos sustentados en la evidencia, por un ejercicio masivo del escarnio basado en la discapacidad.


Recientemente el actual Congresista Luis Galarreta, tras hacer polémicas declaraciones que además caracterizan un comportamiento provocador de su Bancada, se ha metido en el ojo de una tormenta de escarnio en razón de su discapacidad. Una asociación infeliz a propósito del slogan usado durante su campaña, que rezaba: “a mí no me romperán la mano”, ha exacerbado más los ánimos violentistas. Sobre este slogan que recogió sendas y reiteradas advertencias de la comunidad organizada de personas con discapacidad, que a fines de 2005 – comienzos de 2006, identificó la carga siempre negativa del estereotipo, hoy se vuelve no sólo contra él sino contra todo un colectivo. La turba, que ataca, escarnece y denosta, olvida que somos más de un millón y medio de peruanos. Que nuestros derechos también importan, que hay más de seis mil niños y adolescentes con discapacidad asistiendo a escuelas regulares, quienes deben confrontar el “bullying por discapacidad” que se ha instalado en la sociedad peruana.

Detrás del bullying ¿qué? La Congresista Marisa Glave miembro de la Bancada IN (iniciativa multipartidaria por la inclusión de las personas con discapacidad), ya ha iniciado el desalojo de este huésped indeseable, con una contundente reflexión invitando a cesar el bullying y recuperar la ruta del debate.

Marisa Glave



Lic. Esperanza Villafuerte T.

viernes, 9 de diciembre de 2016

DIÁLOGO DE DIVERSOS


El conversatorio. 
Bajo la sumilla “inclusión, participación política y democracia”, la ONPE convocó el reciente martes 29 de noviembre, a dialogar sobre este tema a diversos grupos que experimentamos vulneración de nuestros derechos o restricciones en nuestra participación.
Los grupos presentes, personas con discapacidad, afrodescendientes, comunidades indígenas y ciudadanos LGBTIQ.
Pese a la diversidad que particulariza varias de nuestras demandas, reafirmamos nuestro interés de hacer abordajes conjuntos y alcanzar a la ONPE derroteros que orienten mejor sus intervenciones.

Participación política y derecho a la ciudadanía de las personas con discapacidad. 
Teniendo en cuenta que la ONPE es uno de los componentes del sistema electoral peruano responsable de los procesos electorales, el primer desafío era plantear el problema y poner los candados para evitar que como es tradición, las causas sean atribuidas a las dificultades para caminar, a la ceguera, a los problemas de audición entre otras características de los electores con discapacidad, en lugar de al desempeño institucional y al diseño de tendencia excluyente de los procesos electorales.

Uno de los casos que nos permitió darle carne y hueso a situaciones que a pesar del trabajo realizado siguen siendo comunes fue la experiencia descrita por el ciudadano (usuario de silla de ruedas), José Ísola:
“…Movieron mi mesa al segundo piso y como el voto es electrónico no pudieron traer el material para votar. Me dieron una constancia de asistencia para que yo tramite mi holograma ante la RENIEC…”
Durante el proceso de segunda vuelta, varias mesas de electores con movilidad restringida que en primera vuelta estuvieron ubicadas en primer piso fueron reubicadas inconvenientemente en segundo piso.
Así la ausencia de un equipo de contingencia que alcance soluciones apropiadas y oportunas a situaciones de transgresión, como el inadecuado tratamiento de la información recogida a través de los cuestionarios de empadronamiento para electores con discapacidad, se hizo evidente y configuró nuestra primera gran demanda.

En tanto evaluábamos como una mala práctica y como un peligroso retroceso que se desnaturalice la administración de la constancia de asistencia o cualquier otro recurso para justificar la inaccesibilidad o cualquier otra omisión que impida a las personas con discapacidad ejercer su derecho al voto, la segunda demanda es la efectiva incorporación de contenidos informativos en las intervenciones y paquetes formativos de todas las líneas de educación electoral.

El pan nuestro.
Más allá de la participación, la representación y la democracia. Urge reformular los mecanismos de representación de nuestros colectivos puesto que sin la participación de todos nosotros ¡no hay democracia!


Esperanza Villafuerte T.