El
conversatorio.
Bajo la sumilla
“inclusión, participación política y democracia”, la ONPE convocó el reciente
martes 29 de noviembre, a dialogar sobre este tema a diversos grupos que
experimentamos vulneración de nuestros derechos o restricciones en nuestra
participación.
Los grupos presentes, personas con discapacidad,
afrodescendientes, comunidades indígenas y ciudadanos LGBTIQ.
Pese a la diversidad que particulariza varias de
nuestras demandas, reafirmamos nuestro interés de hacer abordajes conjuntos y
alcanzar a la ONPE derroteros que orienten mejor sus intervenciones.
Participación
política y derecho a la ciudadanía de las personas con discapacidad.
Teniendo en cuenta que la ONPE es uno de los
componentes del sistema electoral peruano responsable de los procesos electorales,
el primer desafío era plantear el problema y poner los candados para evitar que
como es tradición, las causas sean atribuidas a las dificultades para caminar,
a la ceguera, a los problemas de audición entre otras características de los
electores con discapacidad, en lugar de al desempeño institucional y al diseño
de tendencia excluyente de los procesos electorales.
Uno de los casos que nos permitió darle carne y
hueso a situaciones que a pesar del trabajo realizado siguen siendo comunes fue
la experiencia descrita por el ciudadano (usuario de silla de ruedas), José
Ísola:
“…Movieron mi mesa al segundo piso y como el voto es
electrónico no pudieron traer el material para votar. Me dieron una constancia
de asistencia para que yo tramite mi holograma ante la RENIEC…”
Durante el proceso de segunda vuelta, varias mesas
de electores con movilidad restringida que en primera vuelta estuvieron
ubicadas en primer piso fueron reubicadas inconvenientemente en segundo piso.
Así la ausencia de un equipo de contingencia que
alcance soluciones apropiadas y oportunas a situaciones de transgresión, como
el inadecuado tratamiento de la información recogida a través de los
cuestionarios de empadronamiento para electores con discapacidad, se hizo
evidente y configuró nuestra primera gran demanda.
En tanto evaluábamos como una mala práctica y como
un peligroso retroceso que se desnaturalice la administración de la constancia
de asistencia o cualquier otro recurso para justificar la inaccesibilidad o
cualquier otra omisión que impida a las personas con discapacidad ejercer su
derecho al voto, la segunda demanda es la efectiva incorporación de contenidos
informativos en las intervenciones y paquetes formativos de todas las líneas de
educación electoral.
El pan
nuestro.
Más allá de la
participación, la representación y la democracia. Urge reformular los
mecanismos de representación de nuestros colectivos puesto que sin la
participación de todos nosotros ¡no hay democracia!
Esperanza Villafuerte T.
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